El Tribunal argumentó que existe «la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho» al no garantizar el libre desarrollo de «de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general».El Tribunal argumentó que existe «la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho» al no garantizar el libre desarrollo de «de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general».