El proyecto, parte de un conjunto de medidas de seguridad pública, establece penas «de 20 a 40 años de prisión» para delitos que atenten contra la vida del presidente o líderes de los otros poderes democráticos del país.El proyecto, parte de un conjunto de medidas de seguridad pública, establece penas «de 20 a 40 años de prisión» para delitos que atenten contra la vida del presidente o líderes de los otros poderes democráticos del país.